¿Eliminar el efectivo acabaría con la evasión fiscal?

Imagina una economía en la que, a partir de mañana, todos los pagos deben ser digitales. Nada de billetes ni monedas: cada compra, cada sueldo y cada propina dejan un registro. ¿Se acabaría la evasión fiscal? ¿O simplemente cambiarían las maneras de ocultar actividad y ahorro?

La pregunta no sale de la nada: hoy el efectivo sí facilita cierto nivel de evasión. Un pago en billetes no pasa por ningún intermediario que lo registre, y declararlo depende casi por completo de quien cobra. Eso no quiere decir que quien paga en efectivo evada, sino que quien quiere evadir encuentra ahí la manera más sencilla de no ser detectado. De ahí surge una intuición atractiva: si cada transacción es rastreable, ocultar ingresos debería ser mucho más difícil. Y esta idea tiene respaldo: en un experimento de auditorías realizado en Dinamarca se encontró que el ingreso que reportan terceros, como el sueldo que informa el empleador, casi no se evade, mientras que el ingreso que cada persona debe declarar por su cuenta sí se evade de manera importante. La visibilidad, en efecto, importa. Pero la intuición omite algo: quienes tienen incentivos para no ser observados también reaccionan. La pregunta más interesante, entonces, es qué sucede si la tecnología facilita detectar ingresos pero no cambia las razones que tiene alguien para no declararlos.

Antes de responder conviene entender por qué tendría sentido reducir la dependencia del efectivo. Los beneficios potenciales son reales: pagar y cobrar digitalmente suele costar menos, es más seguro que cargar billetes y genera un historial de transacciones que abre la puerta al crédito y al ahorro formal. También le da al gobierno más capacidad de fiscalización. Algunos economistas han llegado a proponer, por razones parecidas, retirar de circulación los billetes de mayor denominación, precisamente porque son los más útiles para operar sin dejar rastro.

Pero aquí hay que ser cuidadosos con los términos, porque se suelen mezclar conceptos que no son sinónimos: usar efectivo, no tener cuenta bancaria, trabajar o producir en la informalidad, ahorrar fuera del sistema financiero y evadir impuestos. Una persona puede cumplir con todas sus obligaciones fiscales y pagar solo en efectivo; otra puede tener tres tarjetas y evadir. Tampoco toda preferencia por el efectivo refleja una intención de esconder algo: la privacidad, la desconfianza hacia los bancos, las comisiones, la falta de conectividad y la exclusión financiera también cuentan.

México ofrece un caso útil para pensar todo esto. El 9 de septiembre de 2026 se publicó una iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Su objetivo declarado es cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo, de modo que cualquier persona pueda pagar de forma digital. Entre otras cosas, propone que las autoridades de los tres niveles de gobierno acepten estos medios de pago en sus trámites y servicios, y que la CURP Digital pueda usarse como mecanismo de confianza para contratar servicios financieros a distancia. Conviene precisar que no se trata de una prohibición general del efectivo: el propio texto prevé que, cuando una contingencia impida los pagos electrónicos, se permita pagar en efectivo o con cheque. La propuesta se suma a la infraestructura que ya existe en el país, como el SPEI y CoDi, los sistemas de pagos que opera el Banco de México.

Para dimensionar el punto de partida, México Evalúa reporta que 95% de los adultos usa efectivo habitualmente, mientras que solo 41.4% usa pagos digitales (en 2024), frente a 59% en América Latina y el Caribe. Hay que leer estas cifras con cuidado: que alguien use efectivo habitualmente no significa que todas sus transacciones, ni la mayor parte del valor que mueve, sean en efectivo. Y el Banco Mundial ha documentado que las brechas de acceso son profundas; en México, por ejemplo, los hombres hacen pagos digitales casi el doble de veces que las mujeres. No pretendo analizar aquí la iniciativa en sus detalles legislativos. Me interesa usarla como pretexto para una pregunta general que enfrenta cualquier país que intenta sustituir pagos en efectivo por transacciones observables: ¿cómo responden las personas?

Para responderla hay que pensar en incentivos. Imagina a dos pequeños comerciantes. Uno recibe pagos electrónicos; el otro opera solo en efectivo. El primero puede vender más, porque más clientes pueden pagarle, y acceder al crédito gracias a su historial. Pero también queda más expuesto: sus ingresos son visibles, y cumplir con sus obligaciones puede costarle más de lo que percibe como beneficio. El modelo clásico de evasión, trata justamente esto como una decisión: cada persona compara lo que ahorraría si no declara con la probabilidad de ser detectada y la sanción que enfrentaría. Si la carga fiscal o regulatoria que percibe un negocio supera lo que gana al formalizarse, algunos pueden responder sustituyendo hacia el efectivo, hacia cuentas a nombre de terceros o hacia otras formas de ocultamiento. Son mecanismos posibles, no resultados inevitables.

Lo importante es que existen varios márgenes de respuesta, y cada uno tiene efectos distintos. Una persona puede cambiar su medio de pago, declarar menos de lo que gana, mover su ahorro fuera de los bancos o, si le conviene, formalizarse de verdad. Una política que solo piensa en el primer margen, el medio de pago, puede sorprenderse con lo que ocurre en los demás.

Una manera de ver esta tensión es con un modelo sencillo. Supón que el gobierno solo puede observar lo que las personas depositan en el banco, mientras que cada quien decide cuánto de su ahorro deja a la vista y cuánto esconde fuera del sistema. En ese escenario, gravar lo observable cambia la decisión: un impuesto demasiado alto sobre el ahorro bancario empuja a las personas a ocultarlo, y con eso el gobierno termina recaudando menos para financiar bienes públicos. De ahí sale una conclusión que a primera vista parece contraintuitiva: puede ser mejor tolerar cierto grado de informalidad financiera que diseñar un impuesto tan agresivo que vuelva a la evasión la mejor opción para muchos. Es, desde luego, un ejercicio teórico sobre incentivos, no un pronóstico sobre lo que pasará con ninguna ley en particular. Pero ilustra bien la idea de fondo: observar más no basta si no se piensa en cómo reaccionan las personas.

Si el objetivo no es solamente observar más sino lograr una mayor formalización, ¿qué distingue una buena reforma de una contraproducente? Probablemente, que reduzca los costos de usar cuentas y recibir pagos, que ofrezca seguridad y protección al consumidor, que exista conectividad y acceso real a servicios financieros útiles, y que las reglas fiscales sean comprensibles. La investigación sobre el tema apunta, además, a que el uso del sistema financiero y la capacidad de recaudar suelen ir de la mano, pero esa relación se construye con incentivos, no solo con tecnología.

La formalización necesita ofrecer beneficios privados tangibles: acceso a crédito, protección, clientes que antes no podían pagar. Aumentar la observabilidad por sí sola puede no bastar. Por eso suele ser más sensato acompañar la digitalización con políticas complementarias: simplificación tributaria, gradualidad en las obligaciones, protección de datos personales, acceso a crédito y una fiscalización proporcional. Detrás de todo esto hay una pregunta de fondo que vale la pena hacerse: ¿es mejor obligar a las personas a usar un instrumento, o lograr que quieran usarlo?

Volvamos al experimento mental con el que empezamos. Digitalizar los pagos puede ser una política muy valiosa, con beneficios que van más allá de la recaudación. Pero «menos efectivo» no implica automáticamente «menos informalidad». La tecnología amplía lo que el Estado puede observar; lo que determina cómo reaccionan las personas es el diseño de los incentivos. Por eso el éxito de una política así no se mide solo por la cantidad de transacciones electrónicas que logra. El reto no es únicamente hacer visible la actividad económica, sino lograr que participar en la economía formal valga la pena.

Referencias

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· Banco Mundial (2022). Dinero en efectivo o pago digital: lo que nos dejó la pandemia en América Latina. https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/02/04/dinero-en-efectivo-pago-digital-pandemia-america-latina

· Doligalski, P., y Rojas, L. E. (2023). “Optimal Redistribution with a Shadow Economy”. Theoretical Economics, 18(2).

· Gordon, R., y Li, W. (2009). “Tax Structures in Developing Countries: Many Puzzles and a Possible Explanation”. Journal of Public Economics, 93(7–8), 855–866.

· Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, C. T., Pedersen, S., y Saez, E. (2011). “Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark”. Econometrica, 79(3), 651–692.

· México Evalúa (2026). Digitalizar para crecer. El reto de transformar los pagos en México. https://mexicoevalua.org/mexico-evalua-llama-a-acelerar-la-adopcion-de-pagos-digitales/

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· Rogoff, K. S. (2016). The Curse of Cash. Princeton University Press.

· Sistema de Información Legislativa. Que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos (Gaceta Parlamentaria, 9 de septiembre de 2026). https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?Clave=5126696&SID=

· Slemrod, J. (2007). “Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion”. Journal of Economic Perspectives, 21(1), 25–48.