¿Por qué a veces conviene renunciar al poder?

Supón que un gobierno enfrenta una demanda por incumplir un contrato. Si pudiera elegir el resultado del juicio, probablemente preferiría ganar. Después de todo, ¿qué gobierno querría perder un litigio y tener que pagar una indemnización? Sin embargo, ese mismo gobierno puede beneficiarse de que sea un juez independiente, sobre el que no tiene control, quien tome la decisión, incluso si eso significa perder. ¿Por qué alguien renunciaría voluntariamente a decidir sobre un asunto que afecta sus propios intereses? Y, más importante aún, ¿cómo puede tener menos poder permitirle conseguir mejores resultados?
Esta aparente contradicción aparece en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, no solamente en las decisiones de los gobiernos. Una liga de futbol no deja que los equipos arbitren sus propios partidos. Una empresa que quiere que sus estados financieros sean creíbles contrata a un auditor externo en lugar de revisarlos ella misma. Quien quiere comprar una casa a buen precio contrata a un agente que, a diferencia de él, no se enamora de la propiedad. En todos estos casos, quien tiene el poder de decidir renuncia a una parte de él y se la entrega a alguien que no necesariamente piensa como él. A eso se le llama delegar. Y la pregunta es por qué: ¿por qué querría alguien con poder ponerse un límite, o dejar la decisión en otras manos? La respuesta tiene que ver con un problema que cualquiera enfrenta cuando necesita que lo tomen en serio: el de la credibilidad.
Para verlo, imagina que un gobierno quiere que una empresa construya una fábrica en su territorio y le promete que los impuestos serán bajos durante veinte años. Mientras la fábrica no existe, la promesa es muy atractiva. Pero una vez que la empresa invirtió y la fábrica ya no se puede mover, el gobierno tiene una tentación: subir los impuestos, porque a esa empresa ya le sale más caro irse que quedarse. Las empresas, que no son ingenuas, lo saben de antemano, y la fábrica nunca se construye. El gobierno pierde justo lo que quería: la inversión, los empleos y los impuestos que ésta habría generado.
Esto ilustra por qué, en muchas decisiones económicas, no importa solamente lo que una autoridad hace hoy, sino lo que las personas esperan que haga mañana. Los trabajadores negocian salarios, las empresas deciden dónde invertir y los inversionistas toman decisiones considerando la política futura. Si anticipan que el gobierno cambiará de estrategia, reaccionarán desde ahora, y lo harán de una manera que arruina el plan original.
A este fenómeno se le llama inconsistencia temporal: una política que parece óptima cuando se anuncia puede dejar de serlo cuando llega el momento de aplicarla, no necesariamente porque la autoridad haya mentido, sino porque sus incentivos cambian según el momento en que decide. Es como el profesor que anuncia que no aceptará tareas tardías. Lo dice en serio y, de hecho, le conviene que sus alumnos lo crean, porque así entregarán a tiempo. Pero cuando llega el día y un alumno aparece con una buena justificación, aceptar la tarea parece lo más razonable. El problema es que los alumnos, que no son tontos, lo anticipan desde el principio, y entonces la promesa del profesor deja de funcionar.
Uno de los casos más estudiados es el de la inflación. Supongamos que un gobierno promete mantener una inflación baja, digamos de 3% al año, y que los trabajadores y las empresas toman sus decisiones suponiendo que cumplirá. Una vez tomadas esas decisiones, el gobierno podría tener la tentación de generar una inflación mayor a la esperada para darle un impulso temporal a la actividad económica. ¿Por qué funcionaría eso, aunque sea por poco tiempo? Piensa en una panadería que firma con sus empleados un salario fijo para todo el año, suponiendo que los precios subirán 3%. Si los precios suben mucho más, el pan se vende más caro, pero los salarios ya están pactados: contratar resulta más barato de lo que la panadería esperaba, así que probablemente contrate más gente y produzca más. Mientras dura el efecto, hay más producción y menos desempleo. Pero cuando los contratos se renuevan tomando en cuenta la nueva inflación, el impulso desaparece, y la inflación se queda.
¿Qué ocurre si todos saben que el gobierno tiene esa tentación? Incorporan la expectativa en sus decisiones: piden salarios más altos y fijan precios más altos desde el principio, y entonces ya no hay sorpresa que aprovechar. El resultado es una inflación mayor sin los beneficios que el gobierno esperaba. Es lo mismo que sucedía con la fábrica y con el profesor: la política pierde efectividad precisamente porque las personas entienden los incentivos de quien la aplica.
¿Hay una salida a este problema? Una posible es justamente la que aparece en los ejemplos del inicio: delegar, es decir, entregar la decisión a alguien cuyos incentivos, al momento de decidir, sean distintos de los de quien delega. Fíjate cómo funciona en cada caso. El agente inmobiliario puede decir “mi cliente no pagará más” y la amenaza es creíble, porque quien negocia no es quien se encariñó con la casa. Los equipos aceptan el fallo del árbitro porque saben que no responde a ninguno de ellos. Los inversionistas confían en que los contratos se respetarán porque quien los hace cumplir no es el gobierno que, llegado el momento, quizás quisiera incumplirlos. En los tres casos, quien delega consigue algo que no podría lograr por sí mismo: que le crean.
En política monetaria, el economista Kenneth Rogoff propuso en 1985 una versión de esta idea: delegar las decisiones a un banquero central más intolerante a la inflación que la sociedad en su conjunto. La intuición es sencilla. Si todos saben que quien decide detesta la inflación más que el promedio, esperarán menos inflación, y la tentación de sorprender a todos con precios más altos desaparece. La evidencia comparada va en esa dirección: en una comparación de economías avanzadas, los países con bancos centrales más independientes tendieron a tener menor inflación, sin un costo visible en crecimiento.
Delegar, sin embargo, tiene costos. Quien recibe la decisión no es una copia de quien delega, y eso es justamente lo que le da valor, pero también lo vuelve menos flexible. El agente inmobiliario duro puede dejar escapar una casa que sí valía la pena; un banquero central demasiado estricto puede ser reacio a apoyar a la economía en una recesión profunda; un árbitro rígido puede aplicar a la letra una regla que en cierto caso no tenía sentido. Por eso no se trata de buscar a la persona más inflexible posible, sino a alguien con las preferencias adecuadas para la tarea.
Antes de delegar, además, hay que reconocer algo incómodo: por uno mismo no se puede actuar de manera creíble. Delegar no consiste simplemente en encontrar a alguien que ejecute órdenes, sino en aceptar que conservar el control absoluto puede impedir alcanzar el resultado deseado. Es una paradoja interesante. Normalmente pensamos que tener más poder permite conseguir más cosas, pero aquí una autoridad puede obtener mejores resultados si renuncia voluntariamente a parte de su capacidad de decisión.
Hay un ejemplo muy antiguo que lo explica bien. En la Odisea, Ulises sabe que su barco pasará cerca de las sirenas, criaturas cuyo canto es tan hermoso que quien lo escucha dirige el barco hacia ellas y termina estrellado contra las rocas. Ulises quiere escuchar ese canto, pero también quiere llegar vivo a casa. Y sabe algo importante sobre sí mismo: hoy, mientras está tranquilo, quiere pasar de largo; pero en el momento en que oiga el canto querrá exactamente lo contrario, y con toda su fuerza. Sus preferencias van a cambiar justo cuando llegue la hora de decidir, que es la misma inconsistencia temporal del profesor y de la fábrica. Así que hace algo ingenioso: ordena a su tripulación que se tape los oídos con cera, que lo amarre al mástil y que, pase lo que pase, no lo desate por mucho que él lo suplique. Cuando el canto empieza, Ulises ruega que lo liberen, pero la tripulación, que no oye nada, sigue remando, y el barco pasa a salvo. Esto realmente es un problema de delegación. La tripulación con cera en los oídos es el delegado: no siente la tentación que sí siente quien delega, y por eso puede cumplir el plan original. Las cuerdas y las instrucciones dadas de antemano son las reglas que lo protegen de las órdenes de quien delegó, que cuando llegue el momento querrá cambiar de opinión. Y el resultado es contraintuitivo: Ulises, atado y sin poder de decisión, consigue algo que libre no habría conseguido, que es escuchar el canto y sobrevivir. Pierde libertad de acción y, a cambio, gana lo que realmente quería. Esa es la paradoja de renunciar al poder: a veces la única manera de lograr lo que queremos es quitarnos la posibilidad de hacer otra cosa.
Ahora bien, no basta con nombrar a alguien competente. Supongamos que el gobierno designa a una persona extraordinariamente preparada, profesional y con experiencia. ¿Es suficiente? No necesariamente. Si la población cree que esa persona seguirá las instrucciones de quien la nombró, seguirá anticipando la política que habría aplicado el propio gobierno. Importa tanto ser independiente como parecerlo.
El caso de la empresa Arthur Andersen muestra cómo se pierde esa apariencia, y lo que cuesta perderla. A inicios de los 2000, Andersen era una de las cinco grandes firmas de auditoría del mundo. Su trabajo era certificar que los estados financieros de sus clientes reflejaban la realidad, algo de enorme valor para los inversionistas y acreedores que no pueden revisar las cuentas por sí mismos. Uno de sus clientes más importantes era Enron, una empresa energética de Texas que presumía un crecimiento extraordinario. Pero Andersen no solo auditaba a Enron: también le vendía consultoría. Según se reportó, en 2000 Enron le pagó unos 52 millones de dólares, de los cuales 25 fueron por auditoría y 27 por otros servicios. Es decir, la firma encargada de vigilar las cuentas de Enron dependía, en buena medida, de seguir siendo contratada por Enron. Eso no prueba que Andersen haya torcido su criterio, pero le da a cualquiera motivos para sospecharlo.
Cuando Enron quebró, en diciembre de 2001, tras revelarse que ocultaba deudas y pérdidas mediante entidades fuera de su balance, el papel de su auditor quedó en el centro del escándalo. En marzo de 2002, Andersen fue acusada formalmente de obstruir la justicia por destruir documentos relacionados con Enron, y desde ese momento sus clientes empezaron a irse. En junio, un jurado la declaró culpable; a finales de agosto renunció a sus licencias para auditar empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Una firma con decenas de miles de empleados en el mundo desapareció en cuestión de meses. Es cierto que en 2005 la Corte Suprema anuló la condena por fallas en las instrucciones que se le dieron al jurado, pero para entonces ya no había nada que salvar: la firma no desapareció por una sentencia, sino porque nadie creía ya que su firma sirviera de garantía, y su único producto era precisamente esa credibilidad. El escándalo llevó además a Estados Unidos a aprobar en 2002 la ley Sarbanes-Oxley, que, entre otras cosas, restringió que las firmas de auditoría presten ciertos servicios de consultoría a las empresas que auditan. Las decisiones de los demás responden a lo que las personas creen, no solamente a lo que realmente sucede.
Y las creencias se alimentan de reglas. Incluso si el delegado tiene preferencias distintas a las de quien lo nombró, debe contar con capacidad efectiva para actuar. Si el gobierno puede intervenir, revocar decisiones o amenazar con destituirlo, la sociedad tendrá razones para dudar de su autonomía. Independencia personal e independencia institucional no son equivalentes: la primera depende de quién es la persona; la segunda, de las reglas que la protegen.
Un caso particularmente delicado es el de cambiar constantemente de delegado. Imagina que un gobierno nombra a una persona independiente, pero la destituye cuando toma una decisión que no le gusta. Después nombra a otra y hace exactamente lo mismo. ¿Qué pensarán los ciudadanos cuando llegue un tercer nombramiento? Probablemente anticiparán que también será reemplazado si contradice los intereses de quien lo nombró. Las destituciones repetidas dañan no solamente la credibilidad de las personas nombradas, sino también la del propio arreglo institucional. Incluso un nuevo delegado competente e independiente podría tener dificultades para convencer a la sociedad de que realmente podrá actuar con autonomía.
Esto no significa que un delegado nunca deba ser reemplazado. Puede cometer errores, actuar de manera negligente o incumplir sus responsabilidades, y existen mecanismos legítimos de rendición de cuentas para esos casos. La diferencia está en distinguir esos mecanismos de las destituciones motivadas por decisiones políticamente incómodas. La independencia tampoco debería significar ausencia de supervisión: puede haber desacuerdos dentro de una junta, deliberación pública y escrutinio, y nada de eso es una señal de que algo anda mal. Al contrario, en un órgano colegiado donde cada integrante vota con su propio criterio, una votación dividida es parte de cómo se supone que funciona.
Volvamos entonces a la pregunta inicial: ¿por qué querría alguien con poder nombrar a quien no piensa como él? Porque, bajo ciertas condiciones, delegar puede permitirle alcanzar resultados que no conseguiría conservando toda la autoridad. Para que funcione hacen falta tres elementos: reconocer la propia incapacidad de actuar de forma creíble, elegir a alguien cuyas preferencias sean apropiadas para la tarea y establecer reglas que permitan al público creer que esa persona podrá actuar con independencia. Sea un banco central, un juez, un auditor o un árbitro, la lógica es la misma. Detrás de cada institución independiente hay una pregunta más profunda que la de si sus decisiones nos gustan o no: quién tiene realmente la última palabra y qué razones tenemos para creer que puede ejercerla sin interferencias.
Referencias
· Alesina, A., y Summers, L. H. (1993). “Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence”. Journal of Money, Credit and Banking, 25(2), 151–162.
· Barro, R. J., y Gordon, D. B. (1983). “Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy”. Journal of Monetary Economics, 12(1), 101–121.
· Kydland, F. E., y Prescott, E. C. (1977). “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”. Journal of Political Economy, 85(3), 473–491.
· Landes, W. M., y Posner, R. A. (1975). “The Independent Judiciary in an Interest-Group Perspective”. Journal of Law and Economics, 18(3), 875–901.
· Rogoff, K. (1985). “The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target”. Quarterly Journal of Economics, 100(4), 1169–1189.
· Schelling, T. C. (1960). The Strategy of Conflict. Harvard University Press.




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