¿Tiene que pagarse algún día la deuda del gobierno?

Todos hemos escuchado que endeudarse demasiado es peligroso. Y, sin embargo, los gobiernos emiten deuda año tras año, y nadie parece esperar que llegue el día en que la saldarán por completo. ¿De verdad tienen que pagarla toda algún día? ¿Quién les presta, y por qué? ¿Qué tendría que ocurrir para que nadie quisiera volver a prestarles?

Para contestar estas preguntas conviene empezar por lo más básico: ¿qué es exactamente lo que un gobierno vende cuando se endeuda? Los gobiernos pueden emitir un bono, que es, en esencia, una promesa: alguien entrega recursos hoy a cambio de pagos futuros con rendimientos adicionales (interés). Para el gobierno es un pasivo (una deuda a saldar en el futuro); para un hogar, un banco o un fondo de pensiones, es un activo (una deuda a cobra en el futuro). ¿Por qué alguien aceptaría ese intercambio? Porque espera recibir lo prometido, y porque lo compara con las demás cosas que podría hacer con su dinero: el riesgo de que no le paguen, la facilidad con que podría vender el bono antes de tiempo y lo que le ofrecen otras alternativas, etc.

Aquí aparece una distinción que se pasa por alto con frecuencia: no es lo mismo pagar una deuda que eliminar toda la deuda. Un bono en particular sí vence, y cuando llega ese día el gobierno debe pagarlo o reestructurarlo: nada le impide emitir un bono nuevo para liquidar el anterior, lo que se conoce como refinanciar. Supón que vencen 100 pesos de deuda: el gobierno usa 20 pesos de sus ingresos y coloca bonos nuevos por 80. El bono viejo se pagó completo, y el saldo total de la deuda simplemente cambió de composición. Mantener un saldo de deuda positivo de manera permanente es algo muy distinto a dejar de cumplir con los acreedores.

Wimpy, el personaje de Popeye, vive de prometer que pagará el martes por la hamburguesa que quiere comer hoy. Su problema no es que deba una hamburguesa, sino que el martes llega y lo que hace es pedir otra, financiada con una nueva promesa. La diferencia con un gobierno es la misma que hay entre refinanciar con credibilidad y simplemente convencer al siguiente prestamista, y todo depende de si el prestamista tiene motivos para creer que algún día habrá recursos reales detrás de la promesa.

Ese es el centro de la historia: la credibilidad de repago. Un gobierno puede refinanciar su deuda mientras los acreedores crean que cumplirá, y mientras quieran mantener sus bonos al precio y rendimiento ofrecidos. Pero la credibilidad no es fe ciega: se construye con la capacidad de recaudar impuestos, el historial de pagos, la solidez de las instituciones, la estabilidad de la economía y las expectativas sobre lo que el gobierno hará en el futuro. Y cuando los acreedores empiezan a dudar, tienen varias formas de hacérselo sentir: exigir una tasa de interés mayor, prestar a plazos más cortos o simplemente dejar de comprar.

¿De dónde saldrá, entonces, el dinero para cumplir? En última instancia, de los impuestos. El respaldo de las obligaciones públicas está en la capacidad del gobierno de generar ingresos en el futuro, sobre todo tributarios, y de administrar sus gastos. Un término útil en este punto es el de superávit primario: los ingresos del gobierno menos sus gastos, sin contar el pago de intereses. Es lo que le queda al gobierno para atender su deuda. La deuda, en ese sentido, no sustituye de manera permanente a una base fiscal creíble (es decir un flujo de ingresos provenientes del cobro de impuestos). Una aclaración importante: esto no significa que cada bono se pague con impuestos futuros específicos, sino que, en conjunto, los acreedores confían en que el gobierno tendrá con qué responder.

Por eso la responsabilidad fiscal es, entre otras cosas, una inversión en reputación. Un gobierno que recauda de manera predecible, que evita déficits persistentemente incompatibles con sus ingresos y que comunica planes verificables fortalece la confianza de quienes le prestan. Esto no significa tener déficit cero todos los años: puede ser perfectamente razonable endeudarse durante una recesión o para financiar inversión con beneficios futuros. La pregunta relevante es si la trayectoria completa es sostenible y políticamente factible.

Hay un tipo de endeudamiento que daña esta reputación más que cualquier otro: el que financia gasto que casi nadie considera útil. Gastar por gastar no es una buena idea, y no solo por el desperdicio en sí. La capacidad del gobierno de pagar depende, en última instancia, de que las personas acepten seguir pagando impuestos, y es difícil sostener esa disposición cuando los contribuyentes ven que su dinero termina en proyectos que no los benefician o que no consideran valiosos. El bono es una promesa explícita; la disposición a tributar es una promesa implícita, y también se desgasta con la desconfianza. El efecto llega al acreedor por un camino indirecto: si los ciudadanos pierden la paciencia con sus impuestos, el respaldo político de la deuda se debilita, y con él la credibilidad de que el gobierno podrá cumplir. Un punto a considerar: qué cuenta como gasto útil es, hasta cierto punto, materia de debate político, y no todo endeudamiento para gasto corriente es desperdicio; endeudarse para sostener un servicio esencial durante una recesión es muy distinto a hacerlo para financiar obras que nadie necesita. Pero el principio se sostiene: la deuda que deja algo valioso a cambio es más fácil de defender, y de pagar, que la que no deja nada. Por eso el peor endeudamiento no es necesariamente el más grande, sino el que se gasta en cosas que nadie considera necesarias.

En Juego de tronos se repite que “un Lannister siempre paga sus deudas”, y no es casualidad que la frase funcione como lema de reputación. El Banco de Hierro de Braavos presta a reyes y señores, pero no por simpatía: presta porque confía en que podrán cobrar. Vale hacerse la misma pregunta que haría un banquero: ¿le prestarías a alguien solo por su apellido, o exigirías evidencia de sus ingresos futuros?

Ahora démosle un poco de números a todo esto, porque la intuición se vuelve más clara con una pequeña dosis de aritmética. Lo que suele importar no es el monto de la deuda en pesos (o en la moneda local), sino su tamaño comparado con la economía: la deuda como proporción del ingreso total en la economía. Y esa proporción depende de cuatro cosas: la deuda con la que se parte, el déficit antes de intereses, los intereses que se pagan y qué tan rápido crece la economía. De ahí sale una idea sencilla: si la economía (los ingresos) crece más rápido que la tasa de interés que paga el gobierno, la deuda puede mantenerse estable o incluso bajar como proporción del ingreso, aun cuando el gobierno siga emitiendo bonos nuevos. Si ocurre lo contrario, la deuda crece por sí sola, incluso sin gastar de más.

La siguiente gráfica lo muestra con dos países ficticios que parten con la misma deuda, 60% del ingreso total, y que en ambos casos gastan exactamente lo que recaudan sin contar intereses. En el País A la tasa de interés es 3% y la economía crece 4% al año; en el País B, la tasa es 5% y el crecimiento de 2%. Después de 20 años, el País A habría reducido su deuda a cerca de 49% del ingreso total sin hacer ningún ajuste, mientras que el País B tendría una deuda de cerca de 107%.

Dos países ficticios con la misma deuda inicial (60% del ingreso) y sin déficit primario. País A: tasa de interés de 3% y crecimiento de 4%. País B: tasa de interés de 5% y crecimiento de 2%.

Esto no es una regla mágica. Las tasas, el crecimiento, los déficits y las expectativas pueden cambiar con el tiempo, y por eso un país que hoy parece estable en cuanto a sus finanzas públicas, puede dejar de estarlo por distintos motivos. Pero sí explica algo importante: que la deuda sea positiva no equivale a que sea insostenible. La clave está en la dinámica.

Y esa dinámica tiene algo de círculo, ya sea virtuoso o vicioso. Cuando hay credibilidad, hay compradores dispuestos a prestar; eso mantiene el costo del financiamiento en un nivel manejable, lo cual deja menos presión sobre el presupuesto y facilita cumplir con los pagos, que a su vez refuerza la credibilidad. Cuando no la hay, los acreedores piden una prima de riesgo mayor, los intereses se encarecen, el ajuste fiscal se vuelve más difícil y aparecen más dudas. Conviene no exagerar, sin embargo: no toda pérdida de confianza desemboca necesariamente en una crisis. Importan los plazos de vencimiento, la moneda en la que está denominada la deuda y el respaldo de las instituciones.

Japón es el ejemplo que más suele traerse a la conversación porque parece contradecir todo lo anterior. Su deuda pública supera el 200% del ingreso total, una de las más altas del mundo, y lleva décadas en ese territorio sin que el país haya sufrido una crisis de deuda. ¿Cómo es posible? Hay varias razones. La deuda está denominada en yenes, su propia moneda; la mayor parte está en manos de inversionistas japoneses; y el Banco de Japón ha llegado a poseer cerca de la mitad de los bonos del gobierno. A eso se suman tasas de interés que durante mucho tiempo fueron muy bajas y una capacidad fiscal considerable. Pero sería un error concluir que la deuda es gratis. Varias de esas condiciones son particulares de Japón y no se pueden replicar sin más en otros países, y además las tasas han empezado a subir, lo que cambia la aritmética que vimos hace un momento.

Si el caso japonés es la paradoja, ¿qué pasa en México? Hay señales que vale la pena observar, sin necesidad de dramatizar. La Secretaría de Hacienda reportó que la deuda amplia del país, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), cerró 2025 en 52.6% del ingreso, mientras que en 2024 había cerrado en 51.4% según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y alrededor de 47% a finales de 2023. Al mismo tiempo, el panorama tiene matices: el déficit presupuestario bajó de 5.0% del ingreso total en 2024 a 3.9% en 2025, y el déficit primario pasó de 1.6% a 0.2%. Eso significa que el gobierno está muy cerca de cubrir sus gastos sin contar intereses, y que casi todo el déficit restante corresponde al costo de la deuda ya acumulada.

¿Qué conviene observar entonces? Los mismos factores que ya mencionamos: el déficit primario, los ingresos tributarios, el crecimiento de la economía, el costo de los intereses, los vencimientos de corto plazo, la parte de la deuda que está en moneda extranjera y los pasivos contingentes, entre los que destaca Pemex. Ninguna de estas señales, por sí sola, anuncia una crisis; juntas permiten entender si la trayectoria es sostenible.

Es inevitable preguntarse si esto se parece a 1987. En ese año, México vivía las secuelas de la crisis de la deuda de los ochenta: el Banco de México documenta una inflación anual de 159.2%, después de una depreciación fuerte y una devaluación en noviembre, y el gobierno tuvo que recurrir al Pacto de Solidaridad Económica en diciembre. Hoy el contexto es muy distinto. El banco central es autónomo, la deuda del gobierno federal está denominada mayoritariamente en pesos, y una parte importante tiene tasa fija y plazos largos, lo que reduce la exposición a golpes repentinos. Pero estas diferencias no garantizan inmunidad: protegen, no blindan, y la historia de los países muestra que la confianza puede deteriorarse más rápido de lo que se construye.

Volvamos entonces a la pregunta con la que empezamos. Un gobierno puede mantener deuda durante mucho tiempo, incluso de manera indefinida. Lo que no puede es exigir que los demás crean indefinidamente en promesas sin respaldo. El límite no es una fecha en la que toda la deuda deba desaparecer; son la capacidad de pago, las instituciones, la política fiscal y la disposición de los acreedores a seguir refinanciando. Mantener una deuda permanente no equivale a tener déficits ilimitados: lo primero puede ser perfectamente sostenible, y lo segundo, tarde o temprano, deja de serlo.

Referencias

· Banco de México. Historia de 1987. https://www.banxico.org.mx/elib/hbm/18/6.html

· Barro, R. J. (1979). “On the Determination of the Public Debt”. Journal of Political Economy, 87(5), 940–971.

· Blanchard, O. (2019). “Public Debt and Low Interest Rates”. American Economic Review, 109(4), 1197–1229.

· Bohn, H. (1998). “The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits”. Quarterly Journal of Economics, 113(3), 949–963.

· Fondo Monetario Internacional. Fiscal Monitor. https://www.imf.org/en/Publications/FM

· Reinhart, C. M., y Rogoff, K. S. (2009). This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press.

· Reinhart, C. M., Rogoff, K. S., y Savastano, M. A. (2003). “Debt Intolerance”. Brookings Papers on Economic Activity, 2003(1), 1–74.

· Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica 2026. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2026.pdf

· 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informe de finanzas públicas al cuarto trimestre de 2025. https://www.gob.mx/shcp/prensa/307648